PRENSA: INDIGENAS DEL CHACO MUEREN DE HAMBRE

Wed Nov 7 18:16:29 UTC 2007

Estimados colegas:

  Transcribo al pie una noticia del diario Clarín del día de la fecha, acerca de los habitantes originarios del Chaco (Tobas y Wichís) que están muriendo de hambre. La noticia puede leerse también en el link: http://www.clarin.com/diario/2007/11/07/sociedad/s-03201.htm Otras dos noticias sobre el mismo tema, en la misma edición del mismo diario son:
  http://www.clarin.com/diario/2007/11/07/sociedad/s-03204.htm
  http://www.clarin.com/diario/2007/11/07/sociedad/s-03301.htm

  Aunque estas noticias no lo especifican, la causa directa del hambre de los indígenas es la desaparición de sus terrenos ancestrales de caza, que han sido literalmente engullidos por las plantaciones de soja, a las que las autoridades de la Argentina no han sabido -hasta ahora- poner coto. 
  Soy testigo presencial de que, en la provincia de Entre Ríos, el cultivo de la soja está llevando a la eliminación de mano de obra campesina y consiguiente expulsión de gente desde el campo hacia las villas-miseria, al envenamiento con agrotóxicos de la tierra y de las napas de agua, a la extinción prácticamente total de la flora y la fauna nativas (el tipo de bosque denominado “monte entrerriano” ya casi no existe), y a la creciente escasez y aumento de precios de otros cultivos tradicionalmente básicos en la alimentación (trigo, maíz, etc. y sus derivados), entre otros males. Y esta situación se repite –al parecer- en muchas otras zonas del país.

  Saludos a todos,

  J. Pedro Viegas Barros

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  La Corte, insatisfecha con los informes sobre la situación de los aborígenes en el Chaco
  Había ordenado asistir a comunidades indígenas de El Impenetrable, donde ya hubo 20 muertes. 
  Por: Sibila Camps 

  Los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no parecieron conformes con las explicaciones recibidas de las autoridades chaqueñas y nacionales. El 18 de setiembre les habían ordenado proveer de agua potable, alimentos, comunicación y transporte hasta los puestos sanitarios, a las comunidades indígenas de los departamentos General Güemes y General San Martín. Pero su rendición de cuentas, en audiencia pública, resultó insuficiente a los jueces.
El defensor Eduardo Mondino había presentado un amparo ante la Corte, al conocerse el elevado número de muertes y de casos de desnutrición en poblaciones aborígenes. Ayer, mientras se realizaba la audiencia, el doctor Rolando Núñez, del Centro de Estudios Nelson Mandela, informó que las muertes de indígenas en esa zona en los últimos cuatro meses ya llegan a 20.
A un mes y medio de la medida cautelar de la Corte, la provincia y la Nación fueron a informar cómo cumplieron sus órdenes. Pero antes, los ministros aceptaron escuchar al dirigente toba Egidio García, y a Orlando Charole, presidente del Instituto del Aborigen Chaqueño. Precisamente el IDACH solicitó a la Corte participar en la solución de fondo del problema, y hacerla extensiva a todas las poblaciones toba, wichí y mocoví de la provincia.
García pidió permiso para hablar en toba, pero la jueza Elena Highton respondió que no contaban con un traductor oficial. No le costó hacerse entender: "No queremos más papeles, queremos acciones. No queremos más informes. En la práctica, mi pueblo se sigue muriendo de hambre".
Charole fue firme a pesar del "exceso de temblor" en la voz, emocionado al ser escuchado por el Tribunal y al recordar a su tía Mirta, una de las personas fallecidas en estos meses. Ante la pregunta del presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, denunció la falta de fondos del IDACH para atender a los 60.000 indígenas de la provincia, ya que el 80% del presupuesto se va en sueldos. "Incluso hay una acción judicial donde lo hemos denunciado -contó-. Hemos pedido más mesura a la provincia, y no sostener tanta planta permanente".
Las preguntas de los jueces -entre los que Lorenzetti llevó la voz cantante- fueron concretas y pacientes. Pocas recibieron respuestas precisas. El presidente del IDACH intentó describir a los pueblos toba y wichí de esa zona: no existe un censo completo de indígenas, las comunidades están dispersas, pero "están perfectamente localizadas y se puede llegar perfectamente a ellas", así sea en bicicleta o a caballo.
El fiscal de Estado del Chaco, Osvaldo Simoni, y el ministro de Salud Ricardo Mayol, intentaron convencer con las diapositivas que tenían preparadas, acerca de todos los programas y todo el equipamiento que, aseguran, despliega el gobierno provincial. Sin perder la calma, los jueces los interrumpieron para reiterar las mismas preguntas de todas las formas posibles: "¿Cómo se llegó a esa situación, si hay planes, comunicación y accesibilidad? ¿Por qué se mueren esas personas? ¿Hay ineficacia en la implementación de los programas? ¿La medida cautelar de la Corte era innecesaria?"

Sólo el ministro Enrique Petracchi, en su única intervención, pareció harto: "Si un Estado no sirve para terminar con el hambre y la enfermedad, no sirve para nada".
Liliana Periotti, subsecretaria de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, dio cifras -también respaldadas en fotos- sobre los aportes en toneladas de alimentos y en litros de agua, "refuerzo a las políticas alimentarias de la provincia". "Eso fue una sola vez, en abril", aclaró Charole a Clarín.
Finalmente el secretario de Programas Sanitarios del Ministerio de Salud de la Nación, Walter Valle, puso blanco sobre negro: en el último mes, se detectaron 254 casos de desnutrición, 91 casos con sospecha de tuberculosis y 36 diagnosticados, 85 embarazos de riesgo, 53 discapacitados. Valle contó las medidas tomadas y los equipos, vehículos y fondos enviados al Chaco, en particular a esos departamentos: $6.588.679 entre 2006 y la primera mitad de 2007. "Hay un problema de gestión. Esta problemática debe tener un abordaje intercultural", remarcó.
Observadores de la Corte evaluaron que, si bien en los primeros testimonios el problema no resultaba visible, al final quedó claro que existe, que hay cierto déficit en las políticas provinciales, y que no hay accesibilidad de todos los sectores a los planes. La Corte podría tomar más medidas cautelares y aconsejar la creación de un organismo para controlar su ejecución.

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