Tecnología y competitividad

Carlos Subirats Rüggeberg Carlos.Subirats at uab.es
Sun Jul 19 12:24:23 UTC 1998


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Editor: Carlos Subirats Rüggeberg <Carlos.Subirats at uab.es>
Colaboradoras:
Paola Bentivoglio <pbentivo at reacciun.ve>, UCV
Eulalia de Bobes <ebobes at seneca.uab.es>, UAB
Mar Cruz <mcruz at lingua.fil.ub.es>, UB
Emma Martinell <martinell at lingua.fil.ub.es>, UB
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                    Tecnología y competitividad
  De: Rafael Pampillón, EL MUNDO en Internet, 19 de julio de 1998
  http://www.el-mundo.es/diario/1998/07/19/economia/19N0111.html
                      http://www.el-mundo.es
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         "La prioridad en política científica para los próximos
         años debe ser (...) la potenciación de un programa de
         investigación en tecnologías de la información y
         comunicaciones y la creación de departamentos de
         investigación en empresas."

     Diversos estudios empíricos han demostrado que el progreso
técnico contribuye al crecimiento económico y a la competitividad
de las empresas en mucha mayor medida que los aumentos físicos de
los factores tradicionales, capital y trabajo. Por tanto, a largo
plazo, la incorporación de tecnología al sistema productivo es,
junto con las mejoras en el capital humano (población instruida y
fuerza de trabajo educada y adiestrada), la inversión más
rentable
que puede realizar un país. La incorporación de nuevas
tecnologías
exige realizar gastos en Investigación y Desarrollo (I+D). Así,
por ejemplo, los menores gastos de Europa en I+D es una de las
causas de su menor competitividad frente a Estados Unidos y Japón
en el sector de alta tecnología.

     Sin embargo, España importa mucha tecnología, crea poca y
casi no exporta nada. La dependencia tecnológica española queda
reflejada en los resultados negativos de su balanza tecnológica
(el flujo anual de los pagos y cobros por la utilización de
patentes entre España y el resto del mundo).

     Como ha señalado recientemente la Fundación Cotec, el origen
del déficit tecnológico español se puede encontrar en los
reducidos gastos en I+D, que representan porcentajes sobre el PIB
que no sólo son inferiores a las medias de la UE, sino que se
encuentran muy por debajo de lo que correspondería a nuestro
nivel
relativo de renta per cápita. Y lo que parece más grave, está
descendiendo la participación del sector empresas en los gastos
de
I+D frente a un aumento de la participación de las
administraciones públicas y universidades. En 1990 las empresas
realizaban el 58% del total del gasto en I+D, en 1996 sólo el
44%.
Parece que, en el futuro, la intención del Gobierno es aumentar
la
inversión en I+D hasta el 1% del PIB. Será una de las prioridades
de los Presupuestos del Estado para 1999.

     Las empresas españolas parecen poco vinculadas a los
programas públicos, a los centros de investigación y a las
oficinas de transferencia de resultados de la investigación. La
prioridad en política científica para los próximos años debe ser
el establecimiento de ayudas para favorecer la cooperación entre
empresas y organismos públicos de investigación en proyectos de
I+D, la potenciación de un programa de investigación en
tecnologías de la información y comunicaciones y la creación de
departamentos de investigación en empresas. La excesiva
importancia que en España tienen los entes públicos de
investigación (ejecutan el 56% del total de los gastos en I+D) y
su desconexión con la iniciativa privada, impiden que la
investigación básica se transforme en innovaciones de carácter
productivo.

     El Consejo Superior de Investigaciones Científicas debe
trasladar los resultados de sus investigaciones a las empresas;
siendo éste uno de los objetivos que debe alcanzar ese servicio
público. Parte de la investigación que realiza el sector público
debe dirigirse a proporcionar al aparato productivo la tecnología
que necesita, favoreciendo, especialmente, la innovación en la
pequeña y mediana empresa española. Un reciente estudio publicado
en el Instituto de Empresa (Estudio sobre la competitividad de la
«pyme» española), señala la necesidad de mayores niveles
tecnológicos en las empresas para mejorar su competitividad. En
este sentido, los organismos públicos de investigación deben
fijarse como objetivo contribuir al desarrollo económico del país
y ser centros de excelencia investigadora conectados a las
necesidades del sector privado, capaces de preguntarse y de dar
respuesta a las necesidades del mercado. No hay que olvidar que
el
objetivo de la política científica y tecnológica es el
crecimiento
económico y, por tanto, del empleo del país.

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